Hacinamiento y violencia agudizan la crisis de seguridad en cárceles
En el país se estima que existen 173 personas privadas de su libertad o encarceladas por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es mayor en Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367), Durango (329), y la Ciudad de México (323). Dicho cálculo es menor en entidades como el Estado de México (145), y Tlaxcala (54).
Hasta julio del año pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reportó una población de 233 mil 469 personas presas, conformada mayoritariamente por varones (95%), y por un menor porcentaje de mujeres (5%). El 81% de esta población ha sido encarcelada por delitos del fuero común (robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, homicidio, falsificación entre otros), y 19% por crímenes del fuero federal (narcotráfico y otros delitos contra la salud, delitos electorales, delitos ambientales, contrabando, piratería, delitos en materia de derechos de autor, defraudación fiscal, entre otros).[1]
De acuerdo con datos de la misma CNS, uno de los principales problemas del sistema penitenciario es la sobrepoblación en 157 de los 379 centros que lo conforman. Es decir, 41% de las prisiones tiene una población de más de 24 mil personas reclusas por arriba de su capacidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), complementa esta información con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, la cual detalla que durante el año en que se realizó dicho estudio cerca del 46% del total de la población encarcelada compartió su celda con más de cinco personas. Este porcentaje es mayor en Centros Estatales y Municipales (51.1%), sobre todo en los de Baja California, Estado de México, y Jalisco; mientras que, en Centros Penitenciarios Federales este porcentaje es mucho menor (4.5%).
El hacinamiento en el que se encuentran cerca de 24 mil prisioneros hace que se agudicen varios problemas dentro de los centros penitenciarios como el de seguridad. Continuando con la ENPOL 2016, a nivel nacional, solo el 19% de las personas privadas de su libertad menciona sentirse insegura al interior de las cárceles. Sin embargo, en entidades como el Estado de México (30%), Nuevo León (29%), y Ciudad de México (28%) la percepción de inseguridad es considerablemente alta.
Dicha apreciación aumenta en la medida en que se abordan problemas de seguridad específicos dentro de los centros penitenciarios. Por ejemplo, en términos de violencia el 32% del total de la población carcelaria entrevistada se siente vulnerable. Al desglosar esta opinión por entidades, el primer lugar lo ocupa nuevamente el Estado de México, ya que el 51% de los internos afirma sentirse violentado. En esta situación, Nuevo León queda en el quinto puesto con un 40% de personas privadas de la libertad que perciben violencia al interior de sus cárceles.
La ENPOL 2016 también arroja datos sobre el trato entre internos, así como entre éstos y los custodios. La media nacional obtenida muestra que el 25% de la población privada de la libertad tiene conflictos con compañeros de celda y/o custodios.
De estos, el 68% mencionó haber sido objeto de golpes, 24% indicó haber sufrido heridas con algún tipo de arma, y otro 22% dijo haber tolerado daños materiales por parte de sus compañeros de dormitorio y/o por los guardias.
No obstante, en las penitenciarías de 14 estados se reportan cifras por encima del promedio del país. Tal es el caso de los centros carcelarios del Estado de México, una de las tres primeras entidades donde las agresiones mencionadas se presentan con mayor frecuencia. De acuerdo con los presos que fueron entrevistados: el 82% ha recibido golpes, el 41% ha padecido heridas hechas por algún tipo de arma, y el 45% señala daños materiales.
De igual manera, a nivel nacional, un tercio de las personas presas (33%) también señaló haber sido víctima de conductas ilegales al interior del centro penitenciario en el que se encuentra. Los delitos más comunes o que más se mencionaron son: robo de objetos personales (89%), lesiones (25%), extorsión (20%), amenazas (18%), y delitos sexuales (5%).[2]
El manejo de los centros penitenciarios ha estado en el centro de la opinión pública en los últimos meses. Las cifras son claras y señalan las cárceles donde pueden manifestarse problemas debido a los actos de violencia que han estallado en diferentes centros del país.[3]
Por ejemplo, el pasado lunes 30 de octubre, se registró un motín en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec en el Estado de México. La situación se originó debido a que hubo un intento de asesinato en contra del reo Luis Alberto González Nieto, conocido como “El Tatos”, quien fue trasladado a este centro luego de darse a conocer las prácticas de tortura y extorsión que llevaba a cabo en contra de otros internos del penal Neza Bordo.[4] Esta situación se ha dado después de un mes de que el gobernador Alfredo del Mazo ha asumido la gubernatura del estado.
Mientras que, tan solo en el caso de Nuevo León han ocurrió 10 motines desde que el gobernador Jaime Rodríguez asumió la gubernatura en 2015.
Como se puede ver, los centros administrados por los gobiernos estatales y municipales presentan mayor sobrepoblación, por lo que el reto para estos niveles de gobierno es mayor. Esta situación al interior de las prisiones se suma a las problemáticas que estos niveles de gobierno enfrentan en seguridad pública. El reto es mayor y avanza en dos frentes.
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[1]http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281 y para ver el tipo de delitos http://www.oas.org/udse/cd_educacion/cd/Materiales_conevyt/VPLD/delitos.PDF
[2] La ENPOL incluye en delitos sexuales el hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación y violación sexual. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
[3] http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/motines-rinas-penales-2017-mexico/
[4] http://www.animalpolitico.com/2017/10/motin-penal-chiconautla-edomex/
México no hace lo necesario para proteger la labor periodística
Once periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.[1] Se estima que desde el año 2000 hasta la fecha han ocurrido 111 homicidios relacionados con la ocupación informativa de las víctimas: 22 de estos casos acontecieron en la presidencia de Vicente Fox, 48 durante el gobierno de Felipe Calderón, y 38 en la presente administración de Enrique Peña Nieto.[2]
Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acentúan que la libertad de prensa en México se encuentra en una situación difícil debido a las numerosas agresiones hacia la seguridad y libertad de los periodistas que merman el pluralismo e independencia de los medios de comunicación en el país.[3]
Estas instituciones apuntan que durante este año se han contabilizado aproximadamente 326 atentados a periodistas a lo largo del territorio nacional: 111 amenazas, 66 intimidaciones, 56 ataques físicos o materiales, 28 privaciones de libertad, 24 acosos y hostigamientos, 9 intervenciones de las comunicaciones, 8 ataques a medios de comunicación, 6 intrusiones no autorizadas a instalaciones de medios o domicilios de periodistas, entre otros ataques a nivel nacional.[4]
En la Ciudad de México, se han presentado 79 de los 326 atentados registrados hasta la fecha. Si bien no se ha contabilizado ningún homicidio en lo que va del 2017, sí se han presentado 62 amenazas, 7 intervenciones de comunicaciones, 4 ataques a medios de comunicación, 3 ataques físicos o materiales, 2 intimidaciones, y una intrusión no autorizada.[5]
Dichas cifras muestran el escenario de inseguridad en que viven y ejercen su trabajo los comunicadores en México, cuya labor se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Esta percepción es compartida por gran parte de los capitalinos que aseveran conocer la situación actual de los periodistas en la capital y en otros estados del país.
En la más reciente encuesta en vivienda realizada por Delphos-NU, entre el 71 y 79% de los entrevistados en la Ciudad de México afirma haberse enterado de los crímenes que han victimizado a periodistas. Esta opinión varía dependiendo del tipo de agresión por la que se pregunte, así como por el cuestionamiento del lugar donde los atentados han ocurrido.
En lo referente a los asesinatos a comunicadores, el 78% de los capitalinos asegura estar enterado de homicidios en otras entidades del país. En menor medida, el 75% dice conocer que en la CDMX también se han presentado este tipo de delitos.
No obstante, esta última opinión no coincide con los conteos de los organismos internacionales, ya que en el último año no ha habido registro de periodistas muertos en la capital. Es posible que la respuesta de la población esté relacionada con el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda de la colonia Narvarte a finales de julio de 2015.[6]
En cuanto a secuestros, el porcentaje de conocimiento de los capitalinos no difiere mucho al indagar si estos se han dado en la CDMX (72%) o en otras entidades del país (73%). Ocurre algo similar al preguntar si los ciudadanos se han enterado de la censura de periodistas; el 76% declara que este tipo de ataque a difusores de la información se ha dado en la ciudad, y 72% asegura saber que, al igual que en la CDMX, se censura a periodistas en otros estados.
Cabe mencionar que, se observa una diferencia considerable de 8 puntos porcentuales al examinar las opiniones respecto a las amenazas a comunicadores en la capital (79%), y en otras entidades (71%).
Responsables de los crímenes hacia periodistas
Datos de Articulo 19 concluyen que, de los 276 atentados registrados hasta junio de 2017, el 50.7% han sido cometidos por funcionarios públicos, 11.6% por grupos del crimen organizado, mientras que 6.2% acusan a miembros de partidos políticos, 10.1% se han dado por motivos entre particulares, y 21.4% no tienen agresor definido hasta el momento.[7]
Delphos-NU obtuvo respuestas similares al cuestionar a la población por los posibles responsables de los ataques a los periodistas: 26% opina que las autoridades de gobierno son quienes más atentan contra el trabajo de los comunicadores, 14% responsabiliza a la delincuencia organizada, 11% especifica que el narcotráfico es la causante, 1% menciona a los empresarios, y 5% desconoce las razones de las muertes. Cabe destacar que el 37% de los entrevistados considera que no hay un solo autor de los ataques a periodistas, sino que tanto las autoridades, como los grupos del crimen organizado, al igual que los partidos y empresarios, son responsables de los crímenes contra los trabajadores de la comunicación.
Protección e impunidad
En víspera del Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas (IDEI, por sus siglas en inglés), que se conmemora cada 2 de noviembre desde el año 2013,[8] el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informa que este 2017 México ocupa el sexto lugar en el Índice Global de Impunidad.[9]
El informe del CPJ publicado cada año, para no olvidar este tipo de ataques, estima que el puntaje de impunidad del país aumentó 142% durante el último decenio a pesar de no aparecer en el índice durante los 10 años de publicación de este estudio. Asimismo, el índice responsabiliza a los 12 países del ranking, incluyendo a México, de casi el 80% de los asesinatos no resueltos que ocurrieron en todo el mundo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2017.[10]
Desde 2012, el incremento de la violencia hacia los comunicadores atrajo la atención de organizaciones internacionales como la UNESCO, quien instó a las autoridades mexicanas a investigar el origen de las agresiones y a tomar medidas que permitieran ejercer la libertad de expresión y de prensa, las cuales son fundamentales para el estado de derecho y la democracia en México.[12]
A juicio de la mayoría de los capitalinos las autoridades no están haciendo lo indispensable para salvaguardar a los comunicadores. En la encuesta CDMX de Delphos-NU, el 82% de la población entrevistada se muestra incrédula ante las acciones de protección al afirmar que el Estado mexicano no está haciendo lo necesario, para garantizar la seguridad de los periodistas en su tarea informativa.
Aunada a la opinión de los capitalinos, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RFS), considera que en México se ha hecho poco por frenar las “violaciones a la libertad de informar”, de ahí que ocupe el lugar 147 de 180 en el respeto y procuración de derechos como la libertad de prensa.[13]
Sin embargo, RSF en su reporte destaca que la libertad de prensa podría dar un giro, ya que la edición 2017 de la clasificación mundial revela que las violaciones a la libertad de informar ya no son exclusivas de los regímenes autoritarios y de las dictaduras; cada vez más se multiplican los ataques a periodistas en las democracias poniendo en duda el adecuado funcionamiento de estos regímenes.[14]
Al igual que RSF, el informe 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señala que en México han sido asesinados 21 periodistas con “absoluta impunidad en el pasado decenio”, de 2007 a 2017. [15] El CPJ indica que, si bien se han dado avances como el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de combatir la impunidad por el asesinato de periodistas, también se han presentado retrocesos[16] como los 11 homicidios de periodistas contabilizados en lo que va de este año.
Las cifras de periodistas asesinados y violentados -de alguna u otra forma- son alarmantes, y tanto organizaciones locales como a nivel mundial cuestionan con datos concretos los avances en el cumplimiento de los compromisos, adquiridos por las autoridades mexicanas, de proteger y garantizar la seguridad de los periodistas, así como de combatir la impunidad de los crímenes de los que han sido víctimas.
De continuar con esta situación es posible que no solo el gremio periodístico, la libertad de prensa y el derecho a la información se vean diezmados, sino también la democracia en México, la cual en fechas recientes parece haber desilusionado a toda la población.[17]
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[1] En lo que va del 2017, Reporteros Sin Fronteras (RSF) han registrado 11 asesinatos de periodistas en México. https://rsf.org/en/barometer?year=2017
[2] Las organizaciones Artículo 19 (Article 19) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llevan sus propios registros de asesinatos de periodistas, pero la falta de resultados en investigaciones limita la relación directa de algunos homicidios de periodistas con su labor informativa lo que dificulta tener una cifra exacta. Sin embargo, se utilizaron los registros de Artículo 19 porque la información que posee fue obtenida del último informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de junio de 2017. http://froji.mx/amenazas-muerte-e-impunidad-periodismo-mexico y http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/senala-sip-escalada-de-violencia-contra-la-prensa-en-mexico
[3] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 de la Libertad de Prensa | ¿Un gran giro? http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/
[4] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/nacional
[5] https://mapa.articulo19.org/#!/principal/2017/ciudad-de-mexico
[6] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/08/1/un-periodista-entre-los-muertos-de-la-narvarte
[7] Primer semestre de 2017: 1.5 agresiones diarias contra periodistas en México. Artículo 19, 17 de agosto de 2017. https://articulo19.org/informesemestral2017/#_ftn1
[8]En memoria de los periodistas franceses asesinados en Malí el 2 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó esa fecha como el «Día Internacional para Acabar con la Impunidad de Crímenes contra Periodistas» (IDEI). https://en.unesco.org/endimpunity-2017/about-international-day-end-impunity | Asesinados a tiros dos periodistas franceses secuestrados en el norte de Malí. El País, 02 de noviembre de 2013. https://elpais.com/internacional/2013/11/02/actualidad/1383414551_209423.html
[9] El Índice Global de Impunidad del CPJ se centra en los países donde asesinan a periodistas y donde los responsables continúan impunes. https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more
[10] Ídem.
[12] México: UNESCO condena asesinato de periodista Adrián Silva en Puebla. Centro de noticias ONU, 21 de noviembre de 2012. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25034#.UX7ZhaKQWup
[13] http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-de-la-libertad-de-prensa-%7C-%C2%BFun-gran-giro/
[14] CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 | ANÁLISIS | El periodismo, debilitado por la erosión democrática. http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2017-analisis-el-periodismo-debilitado-por-la-erosion-democratica/
[15] Para este índice, el CPJ examinó asesinatos de periodistas que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2017 y que permanecen sin resolución. https://cpj.org/killed/americas/mexico/
[16] https://cpj.org/es/2017/10/la-impunidad-por-el-asesinato-de-periodistas.php#more
[17] Desilusiona en México la Democracia. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-cae-15-puntos-el-apoyo-a-la-democracia-pasa-de-71-a-56-en-un-ano.html
