Candidatos transparentes para el Estado de México
Candidatos transparentes para el Estado de México
El pasado 2 de febrero la iniciativa de ley conocida como “Ley 3 de 3” (Ley General de Responsabilidades Administrativas) fue presentada al Congreso de la Unión con el aval de más de 600 mil firmas ciudadanas.[1] La demanda principal: abatir la corrupción y los conflictos de interés existentes entre los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, además de los órganos autónomos del Estado.
Una de las principales propuestas contenidas en esta iniciativa consistió en la presentación, por parte de todo candidato a un puesto de elección popular, de sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, de manera periódica y pública.[2]
Este ejercicio surgió a raíz del proceso electoral federal de 2015. En ese entonces varias organizaciones de la sociedad civil lanzaron la plataforma electrónica “Candidato Transparente” con el fin de que cada candidato de ese proceso pudiera subir sus tres declaraciones, los electores pudieran acceder a esta información y con ello tener más elementos a la hora de decidir su voto.
De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), principal impulsor de la plataforma, fueron alrededor de 400 los candidatos que en ese entonces presentaron sus tres declaraciones,[3] de un total de 2,159 cargos de elección popular.[4]
Nuevamente se impulsó el mismo ejercicio para el proceso electoral de 2016. Sólo 74 candidatos electos hicieron públicas sus declaraciones en el sitio www.3de3.mx,[5] de un total de 713 puestos de elección popular.[6]
Poca transparencia
El proceso electoral del año entrante involucra a tres estados que renovarán gubernatura, Coahuila, Nayarit y Estado de México; de ellos este último se ha convertido en el centro de atención por ser un estado sin alternancia política, como Coahuila, y la entidad de la cual proviene el actual Presidente de la República.
Un elemento central en las pasadas elecciones del cinco de junio fueron los señalamientos de corrupción y la falta de transparencia de los gobiernos estatales, particularmente en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, estados donde el PRI perdió.
Bajo este contexto Delphos en su encuesta a nivel Estado de México, encontró que la mayoría de los entrevistados no han escuchado hablar de la llamada “Ley 3 de 3”, pese a que en la entidad el tema se abordó desde 2015 cuando se llevó a cabo un proceso electoral concurrente (ayuntamientos y Congreso local, así como Diputados federales). Este dato se conjuga con el hecho de que sólo 2 de los 125 presidentes municipales que tiene la entidad han presentado sus respectivas declaraciones.[7]
Sin embargo, el que la mayoría de los habitantes de la entidad no hayan escuchado hablar de la “Ley 3 de 3”, no significa que no estén de acuerdo con la intención de la iniciativa. Casi 7 de cada 10 entrevistados apoyaría a un candidato que haga público su patrimonio y su pago de impuestos.
En este mismo sentido, 41% de los electores del Estado de México consideran que el país se vería beneficiado si los candidatos hicieran público su patrimonio, el pago de sus impuestos y su declaración de interés.
Mientras que los más perjudicados, a su consideración, serían los políticos, 47%, y los empresarios, 52%.
El pasado 18 de julio, en el marco de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción el Presidente de México pidió perdón por la percepción generada en torno al tema de la Casa Blanca.[8] Esta declaración se da en un contexto en el cual los gobernadores han sido señalados por la opinión pública como una de las figuras de gobierno más corruptas. En particular los casos de César Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo).
De cara al siguiente proceso electoral en el Estado de México, los candidatos tendrán que atender los temas de transparencia que el electorado les demanda. Con base en este argumento la clase política tiene una larga cuesta que subir rumbo al 2017.
