Hacinamiento y violencia agudizan la crisis de seguridad en cárceles
En el país se estima que existen 173 personas privadas de su libertad o encarceladas por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es mayor en Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367), Durango (329), y la Ciudad de México (323). Dicho cálculo es menor en entidades como el Estado de México (145), y Tlaxcala (54).
Hasta julio del año pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reportó una población de 233 mil 469 personas presas, conformada mayoritariamente por varones (95%), y por un menor porcentaje de mujeres (5%). El 81% de esta población ha sido encarcelada por delitos del fuero común (robo, lesiones, daño en propiedad ajena, fraude, delitos sexuales, homicidio, falsificación entre otros), y 19% por crímenes del fuero federal (narcotráfico y otros delitos contra la salud, delitos electorales, delitos ambientales, contrabando, piratería, delitos en materia de derechos de autor, defraudación fiscal, entre otros).[1]
De acuerdo con datos de la misma CNS, uno de los principales problemas del sistema penitenciario es la sobrepoblación en 157 de los 379 centros que lo conforman. Es decir, 41% de las prisiones tiene una población de más de 24 mil personas reclusas por arriba de su capacidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), complementa esta información con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, la cual detalla que durante el año en que se realizó dicho estudio cerca del 46% del total de la población encarcelada compartió su celda con más de cinco personas. Este porcentaje es mayor en Centros Estatales y Municipales (51.1%), sobre todo en los de Baja California, Estado de México, y Jalisco; mientras que, en Centros Penitenciarios Federales este porcentaje es mucho menor (4.5%).
El hacinamiento en el que se encuentran cerca de 24 mil prisioneros hace que se agudicen varios problemas dentro de los centros penitenciarios como el de seguridad. Continuando con la ENPOL 2016, a nivel nacional, solo el 19% de las personas privadas de su libertad menciona sentirse insegura al interior de las cárceles. Sin embargo, en entidades como el Estado de México (30%), Nuevo León (29%), y Ciudad de México (28%) la percepción de inseguridad es considerablemente alta.
Dicha apreciación aumenta en la medida en que se abordan problemas de seguridad específicos dentro de los centros penitenciarios. Por ejemplo, en términos de violencia el 32% del total de la población carcelaria entrevistada se siente vulnerable. Al desglosar esta opinión por entidades, el primer lugar lo ocupa nuevamente el Estado de México, ya que el 51% de los internos afirma sentirse violentado. En esta situación, Nuevo León queda en el quinto puesto con un 40% de personas privadas de la libertad que perciben violencia al interior de sus cárceles.
La ENPOL 2016 también arroja datos sobre el trato entre internos, así como entre éstos y los custodios. La media nacional obtenida muestra que el 25% de la población privada de la libertad tiene conflictos con compañeros de celda y/o custodios.
De estos, el 68% mencionó haber sido objeto de golpes, 24% indicó haber sufrido heridas con algún tipo de arma, y otro 22% dijo haber tolerado daños materiales por parte de sus compañeros de dormitorio y/o por los guardias.
No obstante, en las penitenciarías de 14 estados se reportan cifras por encima del promedio del país. Tal es el caso de los centros carcelarios del Estado de México, una de las tres primeras entidades donde las agresiones mencionadas se presentan con mayor frecuencia. De acuerdo con los presos que fueron entrevistados: el 82% ha recibido golpes, el 41% ha padecido heridas hechas por algún tipo de arma, y el 45% señala daños materiales.
De igual manera, a nivel nacional, un tercio de las personas presas (33%) también señaló haber sido víctima de conductas ilegales al interior del centro penitenciario en el que se encuentra. Los delitos más comunes o que más se mencionaron son: robo de objetos personales (89%), lesiones (25%), extorsión (20%), amenazas (18%), y delitos sexuales (5%).[2]
El manejo de los centros penitenciarios ha estado en el centro de la opinión pública en los últimos meses. Las cifras son claras y señalan las cárceles donde pueden manifestarse problemas debido a los actos de violencia que han estallado en diferentes centros del país.[3]
Por ejemplo, el pasado lunes 30 de octubre, se registró un motín en el penal de Chiconautla, municipio de Ecatepec en el Estado de México. La situación se originó debido a que hubo un intento de asesinato en contra del reo Luis Alberto González Nieto, conocido como “El Tatos”, quien fue trasladado a este centro luego de darse a conocer las prácticas de tortura y extorsión que llevaba a cabo en contra de otros internos del penal Neza Bordo.[4] Esta situación se ha dado después de un mes de que el gobernador Alfredo del Mazo ha asumido la gubernatura del estado.
Mientras que, tan solo en el caso de Nuevo León han ocurrió 10 motines desde que el gobernador Jaime Rodríguez asumió la gubernatura en 2015.
Como se puede ver, los centros administrados por los gobiernos estatales y municipales presentan mayor sobrepoblación, por lo que el reto para estos niveles de gobierno es mayor. Esta situación al interior de las prisiones se suma a las problemáticas que estos niveles de gobierno enfrentan en seguridad pública. El reto es mayor y avanza en dos frentes.
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[1]http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=810211&folderNode=810277&folderNode1=810281 y para ver el tipo de delitos http://www.oas.org/udse/cd_educacion/cd/Materiales_conevyt/VPLD/delitos.PDF
[2] La ENPOL incluye en delitos sexuales el hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación y violación sexual. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
[3] http://www.capitalmexico.com.mx/nacional/motines-rinas-penales-2017-mexico/
[4] http://www.animalpolitico.com/2017/10/motin-penal-chiconautla-edomex/
Feminicidios: sin estadísticas, la política pública está ciega
Feminicidios: sin estadísticas, la política pública está ciega
El pasado 28 de julio se cumplió un año de que por primera vez en la historia la Secretaria de Gobernación emitiera para una entidad la declaratoria de alerta de violencia de género. Debido al alto número de feminicidios cometidos en el Estado de México se declaró alerta para 11 municipios del estado[1] con la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), cuya tarea es proporcionar y administrar la información procesada de las instancias que intervienen en casos de violencia de género, no tiene registros completos referentes al tema, debido a que hay estados que no han integrado su información de manera oportuna y correcta.
Por otra parte, las bases de datos disponibles a nivel estatal y federal sobre crímenes violentos contra la mujer se muestran carentes. En la página web del Sistema Nacional de Seguridad Pública por ejemplo, se encuentran datos abiertos de incidencia delictiva recaudados por los diferentes estados del país. No obstante no se diferencia entre víctimas hombres y mujeres. Tampoco existen datos sobre feminicidios, el único indicador sobre violencia en contra de mujeres es el índice de violaciones.
Los datos oficiales
Aunque el mismo registro omite desagregar las denuncias por sexo, se puede suponer que en la gran mayoría las víctimas de este crimen son mujeres y que este tipo de violencia de género se asocia con el feminicidio.[2]
Se puede observar un incremento considerable y constante entre la administración de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto. Es aquí donde se ubica el principal argumento: de contar con información pública que permita detectar una problemática, se pueden diseñar instrumentos institucionales para contrarrestarla. Sin embargo, se observa que durante la administración del exgobernador Enrique Peña el número de violaciones reportadas aumentó, mientras que se registra un decremento en las cifras durante los últimos dos años de la administración del Gobernador Ávila.
La cifra manejada por el documento de la ONU “La Violencia Feminicida En México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”[3] puede dar otra referencia sobre este fenómeno, sin embargo no contamos con información actualizada antes, durante y posterior a la alerta de género que nos pueda dar una señal clara de un avance o retroceso en la problemática.
No obstante, cuando se analiza el número de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), se identifica que el municipio de Ecatepec aparece dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional de 2009 a 2014. Es en este último año donde el municipio mexiquense se posiciona en primer lugar.
De no contar con cifras actualizadas y confiables ninguna administración puede enfrentar un fenómeno social de esta magnitud. Es necesario medir, estudiar y comprender su composición. En palabras de Angus Deaton[4]: “no existe un gobierno ilustrado sin la recolección de datos”.
La encuesta Delphos julio 2016
Bajo este contexto, la encuesta Delphos realizada en el Estado de México en la primer semana de julio muestra que 2 de cada 3 mexiquenses han oído hablar de feminicidios en la entidad. “Muchas veces oye uno que encontraron una muchachita, oye que se llevaron a otra. En su momento lo escucha y lo escucha, y lo ve pasar como si nada. Hoy nos lo platican y mañana ya se le olvidó a la gente.”[5]
Aproximadamente 1 de cada 3 personas entrevistadas aseguró haber conocido una mujer desaparecida y/o asesinada, las agresiones hacia las mujeres no involucran necesaria ni exclusivamente violencia física, sino que están permeadas por una serie de comportamientos de diversa índole, como son el hostigamiento y el acoso verbal, sobre todo en espacios públicos. En este sentido el 44 % de los entrevistados dijo conocer el caso de una mujer acosada verbalmente en la calle.
Una buena parte de los crímenes violentos contra las mujeres quedan en la impunidad y fuera de los registros públicos. Sin embargo los mexiquenses muestran estar conscientes de un problema de violencia hacia las mujeres. El 88% de los entrevistados coinciden en que hay un problema de esta índole a nivel estatal, el 73% lo percibe a nivel municipal y el 68% lo detecta en su colonia.
De cara al próximo proceso electoral no cabe duda que este tema será uno de los principales pendientes a resolver y la mayoría de los mexiquenses creen que una figura femenina estaría más preocupada por resolver la situación actual de los feminicidios. La siguiente pregunta es quién de las posibles abanderadas dará mayor certidumbre sobre el tema.
En resumen se puede decir que el tema de los feminicidios ha captado la atención del Mexiquense y está reconocido como un problema a tratar en la opinión pública. Sin embargo no hay información clara y concisa sobre la victimología, la cual es imprescindible para comprender el fenómeno.
Se requiere de manera urgente un sistema de información para visibilizar, prevenir e intervenir en el problema de feminicidios. El fin de toda investigación respecto al tema debe conducir a la instrumentación de políticas públicas desde una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres.
[1] Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México.
[2] Cifras de incidencia delictiva 1997-2016, Secretariado Ejecutiuvo del Sistema Nacional de Seguridad pública. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-abiertos.php
[3]http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527
[4] Premio Nobel de economía 2015.
[5] https://news.vice.com/es/article/asesinadas-estado-mexico-silenciosa-epidemia
