UNA RED NEUTRAL: Regulaciones y acceso a internet en México y el mundo
El avance tecnológico ha traído consigo grandes cambios a la vida de las sociedades actuales. La forma en que los seres humanos se relacionan unos con otros, así como con el entorno, ha cambiado de manera acelerada en la última década. Como consecuencia, se han tenido que replantear los términos, valores y concepciones bajo los cuales las relaciones personales, así como las políticas, se habían normado en el último siglo.
Las barreras que los espacios físicos habían impuesto a la interacción interpersonal han sido superadas. El internet y la red tienen hoy una preponderancia en la discusión, intercambio y formación de opiniones en tiempo real. En este espacio creativo convergen una gran cantidad de individuos, así como de instituciones y gobiernos.
Sin embargo, internet también ha sido un espacio de disputa, en el cuál gran parte de las sociedades ven un espacio de libertad que debiera conservarse fuera de la esfera de influencia de cualquier tipo de poder; principalmente el político, debido a las restricciones que pueden llegar a presentar para el desarrollo de la libertad y participación política.
Por otra parte, existen opiniones que han expresado la necesidad de regular internet. Desde su punto de vista, internet puede ser un espacio potencialmente peligroso sino se regula y vigila la actividad que ahí se desarrolla. Para ello, los argumentos que se han esgrimido van desde “seguridad nacional”, hasta la misma tutela de derechos como “al honor o a la libertad de expresión”.
Si bien ambas visiones pueden coincidir en la necesidad de tener certeza y garantías mínimas para los usuarios de internet, encuentran sus mayores discrepancias al momento de establecer las formas de garantizar la misma. Es así como el debate entre seguridad y libertad se instala en una disyuntiva que atraviesa diversos aspectos de la vida individual, social y política; tanto en los planos nacionales y mundiales.
Bajo este contexto, se circunscribe el trabajo de Freedom House. El reciente estudio Freedom on the Net 2015 realizado entre el 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, analiza los principales temas relacionados a la libertad en la red, en tres ejes específicos: obstáculos para el acceso al internet, límites impuestos a los contenidos y violaciones a los derechos de los usuarios.
Freedom House evaluó a 65 países, calificándolos en una escala del 0 (libre) al 100 (no libre). La muestra utilizada representa al 88% de la población con acceso a internet en el mundo. De estos 3 mil millones de usuarios, el 40% se concentra en solo tres países: China, Estados Unidos e India; cada uno evaluado respectivamente como “no libre”, “libre” y “parcialmente libre”.
PANORAMA MUNDIAL
El potencial comunicacional de internet es vasto, diversos gobiernos a lo largo del globo consideran de suma importancia controlar los alcances comunicativos que los habitantes de su país puedan tener. Por ejemplo, China mantiene una “soberanía cibernética” donde la publicación de contenidos con críticas hacía el régimen político, así como a las autoridades de gobierno se consideran “apología del terrorismo”, por lo que se considera que los usuarios con acceso que generan contenidos con esta tónica se convierte en un tipo de terrorista casero.
Los criterios que Freedom House usó al evaluar a las 65 naciones se concentran en el grado de censura y su aplicación a ciertos temas.
El grado de censura se expresa principalmente a través de:
- Bloqueo de páginas relevantes.
- Bloqueo de aplicaciones de mensajería
- Intentos de derribo de direcciones URL y supresión de contenidos.
- Detención de usuarios.
Mientras que los temas sujetos a censura son principalmente aquellos relacionados con:
- Critica a autoridades.
- Corrupción.
- Oposición política.
- Crítica social.
- Movilización por causas públicas.
- Cuestiones LGBTTTI.
- Minorías religiosas y étnicas.
El informe sobre América Latina, ubica a Argentina y Brasil entre las 18 naciones con “internet libre”; a Colombia, Ecuador, México y Venezuela dentro de “internet parcialmente libre”. Mientras que Cuba se clasifica como “no libre”, aunque en vías de mejora debido al establecimiento de las primeras conexiones públicas Wi-Fi, a una mayor apertura entre los medios de comunicación en línea y, reducción del costo de acceso a internet.
De acuerdo a la evaluación del informe, México es “parcialmente libre” (39 puntos lo mismo que en 2014), principalmente por mantener un ambiente hostil hacia los periodistas en línea y bloggers, quienes han sido objeto de acoso tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos.
El caso de “Lucy”, una de las administradoras del sitio “El blog del Narco”, no es el único pero sí representativo de esta situación. Esta blogger, tuvo que abandonar el país y refugiarse en España[1] ante la desaparición de un colaborador del sitio en el 2013.
No obstante, el uso del internet también ha buscado ser regulado desde el gobierno, por ejemplo, la iniciativa de Ley para prevenir y sancionar los delitos informáticos); presentada en el Senado [2] El encarcelamiento de tuiteros acusados de terrorismos, luego de difundir rumores de violencia en el estado de Veracruz.[3] O el caso de Nuevo León, en el cuál el Congreso estatal pretendió sancionar la “difamación a través de cualquier medio electrónico”.[4]
Otro de los indicadores de libertad en internet aplicado al caso mexicano tiene que ver con la accesibilidad que la población tiene a esta tecnología. En este sentido es importante mencionar el grado de penetración que el internet tiene en el país, 44%. El estudio muestra la desigualdad entre el norte y el sur de la república, donde uno de cada dos habitantes tiene acceso a internet (norte), a diferencia de uno de cada diez en estados como Chiapas y Oaxaca.
Al ir más allá del diagnóstico general de libertad brindado por Freedom on the Net 2015, es posible identificar las condiciones técnicas en las que se accede a le red en México.
Aun cuando el ancho de banda promedio ha aumentado en los últimos años (de 1.08 Mbps en el 2007 a 4.5 Mbps en el 2015), el acceso de la población a este servicio no ha aumentado de igual manera, debido a los altos costos de banda ancha y a la poca oferta de proveedores de red.
A pesar de las acciones implementadas por el gobierno, el aumento de empresas proveedoras de servicios de internet es limitado, incluso cuando el gobierno tomó medidas ante la alta concentración del mercado de internet por parte de America Movil (de Carlos Slim), el dominio solo se extendió a seis empresas del ramo de los servicios de banda ancha, con costos demasiado altos para la población de bajos salarios.
AGRAVANTES A LA LIBERTAD
El apartado de violaciones a derechos a nivel nacional es uno de los más relevantes y con mayor peso en este estudio. Según el documento, durante el lapso de estudio en México seis periodistas “online” sufrieron ataques graves: amenazas, eliminación de contenido, violencia, despidos, hostigamiento e incluso desaparición forzada y muerte. Hubo un aumento en el índice de “violaciones a los derechos de los usuarios”; de 19 a 20, en una escala de 0 a 40.
Ante este clima de inseguridad, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia requiriendo a los proveedores de servicios de internet el almacenamiento de datos del usuario durante dos años, además del libre acceso policial a esta información detallada sin una orden judicial previa; dando lugar a una vigilancia estatal generalizada. Además de estos requerimientos, en el 2014 Facebook recibió por parte del gobierno mexicano la solicitud de información detallada de 679 usuarios, así como de 144 usuarios de Google.
Este tipo de acciones, además de minar la credibilidad del usuario en cuestión y de frenar el contenido y su propagación, sirven como un mecanismo generador de autocensura, que detiene a los usuarios por temor a las represalias que puedan o no suscitarse en su contra: lo que da lugar a una manipulación del entorno mediático, donde el juicio y escrutinio de pocos es suficiente para derribar y hacer pasar desapercibida cierta información, o en su defecto dar más relevancia y peso a otra, obteniendo así el mismo resultado.
DERECHO A SER OLVIDADO
Sin embargo, los argumentos que abogan por una regulación de internet dejan cuestiones importantes sobre la mesa. Ante los nuevos mecanismos de regulación de contenido, vigilancia y resguardo de información, se hace evidente la necesidad de un equilibrio entre la libre difusión de la información y su manejo individual. Este equilibrio es precisamente a lo que aboga el derecho al olvido. Derecho desglosado en tres principales facetas: la eliminación del pasado judicial, la protección de datos y la aplicación de una fecha de caducidad de la información en red.
Con la gran cantidad de datos circulando por la web, sumada con la infalible memoria del internet, las personas exigen el derecho a que sus datos sean eliminados debido a la facilidad de establecer vínculos desafortunados o injustos. Además de la vulnerabilidad a la que se exponen al momento de publicar algún tipo de contenido en la red.
Por esto, la privacidad toma una relevancia preponderante. Los datos personales de los usuarios juegan en dos arenas, publicidad y privacidad. Las huellas que un usuario deja en la red es información, que a la vez es fácil de rastrear por los metabuscadores, con ello la localización de usuarios específicos es más fácil y la seguridad personal más endeble. Por ello el tema del derecho al olvido ha cobrado una importancia en los últimos años.
En México el derecho al olvido no se encuentra reconocido como tal, sin embargo esto no ha impedido que el tema no se haya discutido, derivado precisamente de una querella ante una de las empresas de tecnología más importantes a nivel global: Google.
En 2015 el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de datos, hoy INAI, (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), ordenó a la citada empresa respetar los derechos de un ciudadano que interpuso una queja por el tratamiento de su información personal en el motor de búsqueda de la empresa.[5]
Algunos analistas, también consideran que esto podría ser una puerta de entrada para la regulación de contenidos en la red, sino se detiene a estudiar la cuestión detenidamente.
El acceso a datos en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, sin que la persona que los busca revele su identidad y de forma gratuita plantea un peligro. Pero, la eliminación de datos entra en conflicto con el derecho de acceso a la información. Cuando los datos que se revelan presentan un interés específico para su divulgación, el derecho al olvido pasa a segundo plano por la prioridad a las exigencias del derecho a la información.
Esta no es una jerarquía tácita, por lo que el conflicto no se puede resolver solo al priorizar un derecho sobre otro. Resolverlo dependerá del caso específico en cuestión al realizar una ponderación entre los derechos implicados, para poder alcanzar un equilibrio tanto del acceso como del propósito por el cual los datos se utilizaron.
El punto controversial alrededor del derecho al olvido en países “parcialmente libres”, con bajos niveles de desempeño en transparencia y elevados niveles de corrupción, es que este acabará protegiendo a políticos, empresarios o ciudadanos envueltos en actos de corrupción y conflictos de intereses. Por lo que, más que una solución, las posibles implicaciones que este olvido puede acarrear, pueden afectar el derecho a la información e incluso convertirse en un acto de censura. No toda la información puede ni debe ser borrada, no solo por los conflictos y reflexiones que ello conlleva, sino por su importante valor para la transparencia y la rendición de cuentas.
Por lo que afectar el derecho a saber, poco corresponde a cubrir las libertades de acceso, aumento en la aplicación de garantías de seguridad en la libre expresión y la solicitud de información. Las demandas de una población con las características evidenciadas por Freedom House se alejan mucho del olvido, los conflictos de interés, opresión, censura y acoso que aquejan la libertad en red implican justamente lo contrario: el derecho a no olvidar.
[1] http://www.sinembargo.mx/17-05-2013/623626
[2] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/2/ley-fayad-criminaliza-libertad-de-expresion-amedi
[3] http://www.animalpolitico.com/2011/08/despues-del-caso-veracruz-cualesellimite/
[4] http://www.sdpnoticias.com/local/nuevo-leon/2013/05/29/silencian-a-tuiteros-con-decreto-de-ley-que-prohibe-cyberbullying-en-nuevo-leon
[5] http://mexico.cnn.com/tecnologia/2015/01/28/el-proceso-del-ifai-ante-google-un-precedente-para-el-derecho-al-olvido
